Dan a conocer conclusiones sobre Ley de Información Pública de Jalisco

La Comisión de Transparencia del Consejo Económico y Social de Jalisco dio a conocer las conclusiones preliminares sobre la Ley de Información Pública (LIP) del estado y sus municipios, que entra el vigor el próximo domingo.

Puntualizó que lo anterior es resultado del Foro Estatal de Transparencia e Información Pública, durante el cual participaron especialistas, titulares de unidades de transparencia, funcionarios públicos, ciudadanos interesados, periodistas y consejeros del consejo.

Indicó que la ley del estado y sus municipios (LIP) (artículo 106, fracciones II, III y IV) y el Código Penal de Jalisco (artículo 298, fracciones II, III y IV) sancionan la revelación y entrega de información clasificada realizada por personas físicas.

Añadió que dado que las normas en la LIP son confusas y en el Código Penal son muy amplias, existe el riesgo de que las autoridades comiencen procedimientos administrativos contra empleados públicos informantes de actos de corrupción, líderes sociales, ciudadanos y periodistas.

Señaló que las leyes penales en países reconocidos por su respeto a la libertad de expresión, derecho a la información y dignidad de la persona, sólo sancionan las revelaciones que causan daño económico, y perjudican a la seguridad pública o a los individuos.

Así como a la integridad física, a la reputación, imagen o derechos de la personalidad al calumniar o difamar.

Explicó que la tendencia mundial es el tránsito de las normas penales y administrativas hacia las normas civiles de responsabilidad por daños (incluso el moral) y perjuicios.

Comentó que una conclusión es derogar el artículo 106 de la LIP y el 298 del Código Penal, para sustituirlos por normas que respondan a los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión, derecho a la información y dignidad de las personas.

Subrayó que la LIP no incluye en su objeto garantizar el acceso al proceso de toma de decisiones públicas, cosa que la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (LTJ) sí tutelaba.

Afirmó que antes de la LIP, el acceso público a reuniones, comités y sesiones era la regla (mientras que la reserva era la excepción), en la práctica se corre el riesgo de que, al amparo de la nueva Ley, los sujetos obligados restrinjan y clasifiquen la totalidad o mayoría de sus procesos de toma de decisión.

Explicó que el Instituto de Transparencia de Información Pública (Itei) pasará de ser una autoridad que proponía sanciones, a una entidad sancionadora, ejecutora y recaudadora.

Ello, toda vez que las multas que imponga ingresarán a su patrimonio (LIP, artículo 10, fracción III, en relación con el artículo 109).

Destacó que una misma instancia imponga sanciones y se aproveche económicamente de esas acciones, incentiva el ejercicio no razonable de esas facultades, que abre la posibilidad de que se judicialice el acceso a la información.

Precisó que lo anterior, por que las multas impuestas por el Itei son impugnables ante el Tribunal Administrativo (TAE) y analizar la sanción (artículo 108) permitiría en algunos casos que también se revise el fondo del asunto (el acceso a información completa o incompleta, por ejemplo).

Resaltó que no se hizo un estudio de impacto regulatorio de la LIP y se desconocen los costos de aplicarla (capacitación, formulación de nueva normatividad y criterios, portales de información, nuevos catálogos de información fundamental, etcétera).

Fuente: Notimex

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