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Un tribunal de justicia peruano comenzó este jueves a evaluar si vuelve a ordenar prisión preventiva para la líder opositora Keiko Fujimori, quien salió de la cárcel hace un mes, después de que la fiscalía anticorrupción presentara nuevas pruebas que la incriminan en el escándalo Odebrecht.

La audiencia, que se realiza en la sede de la Sala Penal Nacional y que ha sido considerada como «inaplazable» por el Poder Judicial, no cuenta con la presencia de Keiko Fujimori.

«Voy a seguir la audiencia desde la casa de mi mamá en compañía de mi familia y será (la abogada) Giulliana Loza la que expondrá mis razones y defensa técnica. Si hay aún un poquito de justicia y de estado de derecho, este pedido repetido no pasará», escribió la líder opositora en su cuenta de Twitter.

«No voy a someter a mis hijas a la misma angustia de verme sentada ahí escuchando los argumentos repetitivos que la Fiscalía ha vuelto a presentar a pesar de que ya fueron desechados por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional», agregó en otro tuit.

El fiscal José Domingo Pérez ha pedido al juez Víctor Zuñiga que dicte 36 meses de prisión preventiva alegando que existe peligro de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de Keiko Fujimori, a raíz de nuevas pruebas surgidas en las últimas semanas.

El pedido contra la líder del partido Fuerza Popular (derecha radical) se evaluará cuando falta un mes para las elecciones legislativas extraordinarias, donde su agrupación figura en segundo lugar en los sondeos detrás de la centrista Acción Popular.

Keiko, de 44 años y madre de dos hijas (de 12 y 10 años), ha dicho en una reciente declaración que «no existe peligro de fuga porque así lo determinaron los jueces, y los presuntos peligros de obstrucción, el Tribunal Constitucional en su fallo que me dio libertad, los descartó».

El fiscal Pérez estima que existen nuevos elementos contra Keiko, a la que acusa de recibir dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas electorales del 2011 y 2016.

A la acusación de lavado de activos, Pérez quiere sumar las de obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.

El fiscal estima que los nuevos elementos incrementarían el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.

Excélsior