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Rudolph Giuliani, abogado personal del presidente estadunidense, Donald Trump, conversó por teléfono con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en septiembre de 2018, con la intención de presionarlo a dejar el poder, en una presunta diplomacia paralela, informó ayer el diario The Washington Post.

Matt Mackowiak, vocero del entonces representante republicano por Texas, Pete Sessions, quien también habría participado en la llamada, confirmó al rotativo que la conversación fue una maniobra de seguimiento a la reunión que sostuvo su jefe con Maduro en Caracas la primavera de ese año.

Estas acciones formaban parte de una iniciativa diplomática “en la sombra”, apoyada por el sector privado, según el Post, para abrir de nuevo a Venezuela, rico en recursos naturales, al mercado y a los negocios privados extranjeros.

Sessions, quien representaba en el Congreso a un distrito que acoge a compañías petroleras que tuvieron intereses en Venezuela, regresó de su viaje a Caracas con una lista de garantías que había aceptado Maduro para dejar el poder, según la publicación.

De acuerdo con las declaraciones brindadas al diario, Giuliani, quien no ostenta ningún cargo en la administración Trump, conversó con John Bolton, entonces asesor de seguridad nacional, para definir un plan que buscaba la salida del gobernante bolivariano por la “puerta de atrás” después de que Sessions ya había hecho varios contactos relacionados con Maduro.

El diario reportó previamente que Giuliani llegó a un acuerdo para negociar una comunicación indirecta entre Maduro y Trump. Los contactos extranjeros del abogado y ex alcalde de Nueva York fueron sometidos a escrutinio como parte de la investigación del juicio político contra el jefe de la Casa Blanca, impulsado por la Cámara de Representantes.

Giuliani también fue acusado en el impeachment de ser responsable de establecer comunicaciones entre Trump y el gobierno del presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, con la finalidad de presionar para que abriera una indagatoria a Joe Biden, precandidato demócrata, y al hijo de éste en el país europeo con el fin de beneficiarse en las próximas elecciones presidenciales, a cambio de recibir apoyo militar de Washington.

Los impulsores del juicio de destitución denuncian que Trump faltó a sus obligaciones constitucionales y antepuso sus intereses personales a los de la nación durante el intercambio con Ucrania.

En este contexto, Erik Prince, importante donante republicano y fundador de la controversial empresa de seguridad Blackwater, fue referido al Departamento del Tesoro debido a posibles violaciones a las sanciones a Venezuela relacionadas con su reciente viaje a ese país el mes pasado, donde se reunió con la vicepresidenta bolivariana, Delcy Rodríguez, informaron ayer dos funcionarios estadunidenses.

No hay indicios de que Prince, hermano de la secretaria de Educación, Betsy DeVos, será sancionado por la reunión. Pero el hecho de que la visita haya causado alarma resalta la preocupación de los funcionarios en el gobierno de Trump sobre lo que aparentemente fue un acercamiento diplomático no autorizado con Maduro.

Los hechos ocurren justo cuando parece que se diluye el apoyo al líder opositor Juan Guaidó en Venezuela, si no es que también en Washington.

En Caracas, tres presuntos militares venezolanos identificados como Josué Abraham Hidalgo, Franklin Caldera y Ruso Cárdenas, anunciaron en un video publicado en redes sociales antier una sublevación contra Maduro.

En la grabación, Hidalgo, quien dice ser teniente, argumenta: “Con el objetivo fundamental de cumplir con nuestro deber, amparados en los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución, en nuestra condición profesional, estamos autorizados a hacer uso de la fuerza en tierra venezolana para defender y hacer respetar nuestra Carta Magna”.

Además, llamó a sus compañeros militares a no ofrecer sus servicios al gobierno de Maduro, a preservar el “honor” de la Guardia Nacional Bolivariana y a defender a la población del país “hasta el último aliento”.

La Jornada