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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó esta noche la designación de Sergio Bernal Rojas como director ejecutivo de Organización Electoral y de María del Refugio García López como directora del Servicio Profesional Electoral Nacional.

García López sustituye a Rafael Martínez Puon, quien renunció al cargo, mientras Bernal Rojas a María del Carmen Colín Martínez, quien fungía como encargada de la dirección tras la salida hace más de un año de Miguel Ángel Solís.

La consejera Pamela San Martín criticó que las propuestas presentadas por el presidente del consejo Lorenzo Córdova, se hayan presentado sin un análisis de hacía dónde deben ir las áreas de cara a las próximas elecciones.

Luego de señalar que Córdova le aviso apenas el pasado martes de una de las propuestas, lamentó que ni siquiera se dieron condiciones para tener una entrevista de los consejeros con las personas designadas.

Con ese tipo de actuaciones, lo que se hace es debilitar a la institución, puntualizó al destacar que la defensa de la democracia no sólo debe ser hacía afuera del órgano electoral sino también en su interior.

Al defender los nombramientos, el consejero Ciro Murayama dijo que a los consejeros lo que les toca es valorar sus perfiles; la idoneidad. No estamos votando un método, subrayó.

Los dos nuevos funcionarios han desempeñado diversos cargos en el Servicio Profesional Electoral.

Por otra parte, el Consejo General aprobó los límites al financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales (PPN) durante 2020.

De esta manera, cada fuerza política podrá obtener 99 millones 777 mil pesos por parte de militantes y 42 millones 963 mil de simpatizantes.

Cada persona podrá aportar un máximo de 2 millones 148 mil pesos en dinero o en especie.

El acuerdo también establece que la suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de las prerrogativas para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, sus gastos de campaña y actividades específicas.

La Jornada