investigación

Las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública sobre el uso político y partidista de programas sociales del gobierno federal alcanzan a Gabriel García Hernández, el Coordinador General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República y jefe de los llamados superdelegados estatales. Es un personaje cuyo nombre no dirá mucho inicialmente, pero que tiene ese puesto estratégico en un gobierno en donde una prioridad es repartir apoyos directos. Fue además el gran orquestador de movimientos financieros de Morena cuando se encaminaba a arrasar en las elecciones de la mano del hoy presidente.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia, confirmó a Crónica el desarrollo de indagatorias relacionadas con quien fue secretario de Organización del partido Morena y encargado del padrón de militantes.

Una de sus principales inquietudes, dijo la funcionaria, “es que los programas de bienestar sean los más transparentes de todo el gobierno”.

–Sabemos que han abierto 102 investigaciones en contra de delegados del Bienestar, ¿en cuántas está involucrado Gabriel García Hernández?– se preguntó a Sandoval.

–Sí está evidentemente el funcionario que usted señala, aunque no le podría decir con certeza en cuántas. Pero está la investigación en curso –respondió.

Yeidckol Polevnsky, aún presidenta morenista -o al menos aún pelea que le sea reconocido el puesto-, acusó a Hernández de utilizar la base de datos del partido, a los súper delegados y a los Servidores de la Nación (también subordinados a él y quienes ejecutan el registro de beneficiarios de programas) de promover el voto a favor de Bertha Luján como nueva dirigente nacional. De acuerdo con Yeidckol, su plan “ha sido incidir en las asambleas, secuestrar al partido y meter o poner gente vinculada a un equipo, manipular las elecciones”. Por eso, le ha exigido “sacar las manos del proceso y no utilizar su cargo para meterse en la vida interna de Morena”.

A finales de enero, Sandoval Ballesteros habló de la conclusión de 24 de las investigaciones, y de ocho casos en los cuales ya se habían acreditado responsabilidades administrativas. Días después, ahí en Palacio Nacional, se preguntó a García Hernández sobre estos expedientes y respondió: “Sólo se atienden cuando hay requerimientos, hasta este momento no hay ninguna notificación. Nunca he recibido un documento de la Función Pública al cual tenga que darle seguimiento”.

Este deslinde y negativa del Coordinador General fue comentada con la secretaria.

–¿Hay un cuello de botella en la institución? ¿No se le está informando a los involucrados o es mentira lo que dijo García Hernández?– se preguntó a Irma Eréndira.

–No, nada de eso. La Función Pública está haciendo su trabajo con responsabilidad, son momentos del proceso diferentes y se van a dar las notificaciones formales cuando así corresponda. Todo se les informa a los investigados, ya en una asignación o en una responsabilidad administrativa, a través de procedimientos legales.

Daniel García Cortés, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, detalló: “cuando se está realizando una investigación, ésta tiene que correr su propia cuerda, su propia vida, se realiza con sigilo. Se le hace la notificación al servidor público una vez que la investigación termina, se realiza un informe de presunta responsabilidad administrativa y se le notifica al servidor público cuáles son las probables faltas por las cuales se le está señalando”.

“Cuando ya hay asignaciones de responsabilidades se le avisa a la persona a la cual se le está llamando a responder. Cuando estamos investigando se solicita la información, pero no se dice de manera particular: ‘Es para este asunto, con estos términos y con esta finalidad’, sino sólo con un lenguaje neutral. Muchas veces los servidores públicos no responden y tampoco saben para qué les estamos pidiendo la información”.

–Pero en este caso, de las 102 investigaciones, ocho ya están en proceso de responsabilidad administrativa- se comentó a Sandoval.

–Claro, de los delegados sí.

–¿En esos ocho casos ya tuvo que haber notificaciones?

-Sí, no a todos, sino a cada involucrado en donde sí se haya encontrado alguna cuestión, para iniciar un proceso diferente. Un proceso de investigación es distinto a un proceso de asignación de responsabilidad.

García Hernández es conocido en el medio político como “operador financiero”. Fue, incluso, señalado por intelectuales como “figura clave” en el entramado del fideicomiso Por lo demás, creado para apoyar a damnificados de los sismos de 2017.

La secretaria Sandoval también fue consultada sobre si alguno de los ocho expedientes ya finalizados en torno al mal uso de programas podría derivar en denuncias ante otras instancias como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) o incluso en otras investigaciones de corte penal.

“Vamos a dar la información cuando corresponda. Aquí hay voluntad de transparentar y lo vamos a hacer, porque nos exige mucho, estamos comprometidos con que los programas de bienestar sean los más transparentes de todo el gobierno”…

Los números

● 78 en proceso
● 24 ya concluidas
● 8 con dictamen de responsabilidad administrativa
● 30 superdelegados involucrados en las indagatorias
● 6 expedientes relacionados con exdelegados como Carlos Lomelí, de Jalisco; y Jaime Bonilla, de Baja California

Alistan padrón para transparentar padrones

Sandoval Ballesteros adelantó a este diario la operación de una aplicación web en la cual se ofrecerán detalles de los beneficiarios de programas federales, en un modelo similar al de Nómina Transparente, donde aparecen cargos y sueldos de todos los funcionarios gubernamentales. “Queremos que los padrones se transparenten, vamos caminando hacia una plataforma como el portal Nómina Transparente, para que se cheque quién está en los padrones”.

La Crónica