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Dos de los tres avales que supuestamente garantizarían la fianza de un millón de dólares de Genaro García Luna, no están dispuestos a ayudar al ex secretario de Seguridad Pública acusado de presuntamente recibir sobornos del cártel de Sinaloa, y quien busca enfrentar su proceso en libertad.

“El abogado de dos de los avales financieramente solventes ha informado al gobierno y al abogado defensor que sus clientes no están dispuestos a servir como aseguradores para el acusado”, explica el fiscal Richard Donoghue en un oficio.

En el documento se detalla que el tercer aval, según los registros proporcionados por el abogado defensor a las autoridades, “no tiene los recursos financieros para solventar una fianza de un millón de dólares”, además de que hasta hace poco tiempo trabajaba para García Luna con un sueldo anual de 45 mil dólares.

Sobre los bienes inmuebles que también eran ofrecidos como aval para que se le otorgara la fianza, se detalló que “probablemente ya estén sujetos a confiscación en este asunto”.

Se insistió en que el ex secretario de Seguridad Pública tiene suficientes motivos para evadir la justicia, de ser puesto en libertad bajo fianza, pues ante los delitos que enfrenta podría obtener cadena perpetua si un jurado lo encuentra culpable.

A pesar de que la defensa de García Luna sostiene que, de ser liberado bajo fianza, su cliente no tiene entre sus planes huir a México, la fiscalía informó que en los últimos cinco años ha viajado al país en más de treinta ocasiones.

Además de que “tiene acceso a poderosos recursos en México, incluyendo una gran cantidad de funcionarios corruptos del gobierno mexicano y miembros del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado”.

De acuerdo con los argumentos de la fiscalía, incluso suponiendo que, en realidad, haya un importante riesgo de ser capturado en México, todavía tiene un fuerte incentivo para entrar al país y con la ayuda del cártel de Sinaloa y funcionarios corruptos viajar a un tercer país donde no pueda ser extraditado a Estados Unidos.

“Los funcionarios mexicanos (corruptos) tienen fuertes incentivos para garantizar que la huida del acusado sea exitosa y, por lo tanto, evitar la divulgación pública de estos actos criminales en el juicio”.

Sobre el argumento de la defensa, encabezada por César de Castro, al respecto de que su cliente no huyó de los Estados Unidos cuando se enteró, por medio del juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, de las acusaciones en su contra un año antes, la fiscalía asegura que eso no es evidencia de una conciencia inocente.

Sino que, más bien, “refleja su creencia de años de que podría participar en actividades delictivas con impunidad y sin consecuencias”. Por lo que “tal descaro y arrogancia no debería hacer en su beneficio”.

Milenio