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La justicia británica suspendió este jueves hasta el 18 de mayo su examen de la demanda de extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que Estados Unidos quiere juzgar por espionaje a raíz de la publicación de cientos de miles de documentos confidenciales.

Las audiencias, que comenzaron el lunes y terminaron un día antes de lo previsto, se reanudarán durante tres semanas a partir de mediados de mayo en el tribunal de Woolwich, al este de Londres.

La decisión de la jueza Vanessa Baraitser debería conocerse en verano.

Assange, de 48 años, que como todos los acusados debe sentarse en un banquillo situado dentro de una cabina de vidrio, se quejó en los últimos días de no poder hablar con sus abogados con la privacidad que le gustaría.

El jueves pidió sentarse junto a ellos, pero no se le permitió. “No puedo darles instrucciones”, se quejó el australiano.

“Me parece que no tiene usted dificultad para atraer la atención de sus abogados”, respondió la magistrada, subrayando que existe un abanico de posibilidades, desde notas escritas hasta suspensión de la vista, para permitirles comunicarse como consideren oportuno.

Assange está acusado de espionaje en Estados Unidos por publicar a partir de 2010 más de 700 mil documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos, en particular en Irak y Afganistán.

Si es extraditado, se enfrenta a una pena de hasta 175 años de cárcel bajo las leyes antiespionaje de 1917 y por piratería informática.

Estados Unidos lo acusa de haber puesto en peligro a fuentes de sus servicios de inteligencia.

Por su parte, los abogados de Assange denuncian un procedimiento político basado en “mentiras”.

Para pronunciarse sobre la solicitud de extradición, los tribunales británicos deben asegurarse de que no sea desproporcionada o incompatible con los derechos humanos.

Assange fue detenido en abril de 2019 después de casi siete años asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se había refugiado tras violar las condiciones de su libertad condicional, por temor a ser extraditado a Estados Unidos.

La Jornada