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Un juez de control vinculó a proceso a Miguel Ángel Vásquez, operador financiero de la anterior administración capitalina, por su probable responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos, ante lo cual su defensa anunció que solicitará un amparo al “violarse una suspensión que tenía, por lo que su detención es ilegal y analiza si el delito no ha prescrito”.

En la continuación de la audiencia complementaria, que se efectuó en la sala 28 de oralidad del Tribunal Superior de Justicia, el juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que deberá cumplir en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Además, fijó tres meses para la conclusión de la investigación complementaria, a fin de que las partes presenten pruebas a favor o en contra de la suspensión de cuotas de jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social de la Policía Preventiva al Issste.

Dicha omisión, señaló la Fiscalía General de Justicia, ocasionó un perjuicio a la hacienda pública por más de 293 millones de pesos, hecho por el cual van cuatro ex servidores públicos vinculados a proceso en una semana.

Minutos antes de iniciar la audiencia, programada para las 10 horas, familiares y amigos desplegaron mantas y cartulinas exigiendo la liberación del ex presidente suplente del consejo de administración de la Caprepol.

Con mensajes como “Liberan al hijo del Chapo, pero detienen a líder opositor. Justicia selectiva”, los miembros de la organización social Somos, que busca su registro como partido político, denunciaron que Vásquez es “un perseguido político”.
En la audiencia de seguimiento, que se inició con retraso de 30 minutos por los exámenes médicos que se le realizaron, el juez de control Agustín Moreno Gaspar atendió la “solicitud común” para llevarla a cabo de manera privada.

Se trata de “salvaguardar la posibilidad de revelar secretos o queden comprometidos elementos de seguridad”, lo cual es una excepción al principio de publicidad porque deben ser abiertas, dijo, al solicitar a los medios de comunicación presentes retirarse de la sala.

Cerca de las 13 horas, Carlos Alberto Cruz, defensor del también ex director general de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del gobierno capitalino, denunció que el pasado jueves, cuando se le detuvo en su domicilio, fue violentada la suspensión que tenía.

“Su detención fue ilegal” y en un plazo de 15 días hábiles se presentará un amparo para solicitar una medida cautelar diferente a la prisión, porque el delito que se le imputa no es grave y (en la fiscalía) “no tienen indicios de que pretenda huir”.

Su hermano Óscar Daniel explicó que no retener las cuotas de la Caprepol fue votado en una asamblea y la FGJ tiene otra carpeta “guardada” por la suspensión de aportaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya (Captralir) al Issste.

Sin embargo, la denuncia contra el también ex subsecretario de Capital Humano de la Secretaría de Finanzas no fue presentada por el instituto, sino por la Contraloría General, pero la caja es autónoma, indicó.

La Jornada