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En los últimos días se hizo oficial la destitución de Víctor Garcés de la directiva de Cruz Azul, sin embargo eso no era todo para él ya que se informó que hay denuncias en su contra por trata de personas y lavado de dinero.

El organismo de la Unidad Especializada en Investigación con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República, recibió una denuncia sobre el ex viceprecidente.

De acuerdo a la denuncia, Garcés Rojo realizó transferencias por 50 millones de dólares junto a sus socios José Besil Bardawill, Roberto Guízar y Jesús Rafael González Callado, a través de empresas arrendadoras e inmobiliarias.

Las empresas de las cuales se habla que fueron utilizadas son: Arrendadora Sport Clinic S.A, Homofortis S.A de C.V, Impulso Business Operanting Solutions, Inmobiliaria Azul Celeste, Impulso Inmobiliaria Mixcoac, Inmobiliaria Puerto Vallarta, entre otras.

Respecto a los movimientos financieros, destaca que Garcés Rojo no las realiza por sí mismo, las hace con Fernando Luis Arista Nasr, con quien creo la firma Andrómeda Constructores Inmobiliarios.

Se agrega en la denuncia que Arista Nasr ha recibido transacciones por varios millones de dólares de la empresa Servicios y Desarrollos Akropolis, relacionada al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.

Respecto a la trata de personas, la denunciante, quien pidió el anonimato, comentó que una bailarina o scort de nombre Itzuru Jacqueline Gallegos solicitó la ayuda de la primera para denunciar esas actividades ilícitas.

Se menciona en el documento de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que Garcés Rojo y sus socios tienen “una red de más de 50 bailarinas extranjeras”.

“Habiéndose hecho de sus servicios mediante engaños supuestamente ofreciéndoles trabajo en sus empresas y ofreciéndose a realizarles todos los trámites legales de migración para que pudieran permanecer legalmente en el país”.

Se menciona que a las extranjeras les quitan su pasaporte y las mantienen bajo resguardo en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde las tienen vigiladas.

Milenio