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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la colaboración de Interpol para la localización y detención de Tomás Zerón de Lucio quien fuera titular de la agencia de investigacion criminal (AIC), y el comandante de esa misma corporación Carlos Gómez Arrieta, por ser presuntos responsables de actos de tortura en contra de personas detenidas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Funcionarios federales indicaron que el Ministerio Público Federal obtuvo órdenes de aprehensión en contra de diversos ex funcionarios que participaron en las investigaciones del llamado caso Iguala, toda vez que la violación de derechos humanos y presunta fabricación de pruebas permitieron que alrededor de 60 detenidos obtuvieran su libertad en tribunales por haber violado diversas garantías jurídicas.

En el caso de Zerón de Lucio, éste se desemepeñó como titular de la AIC y fue parte importante en la construcción de lo que se denominó la “verdad histórica” y que señala que en septiembre de 2014 -días 26 y 27- los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitxuco, y posteriomente integrates del grupo delictivo Guerreros Unidos los habrían incinerado en le basurero municipal de Cocula.

Por lo que se refiere al comandante Gómez Arrieta, las autoridades consultadas mencionaron que este habría cometido actos de tortura en contra de varios detenidos de este cartel.

Previamente, ayer fueron aprehendidos dos elementos de la extinta Policía Federal (PF), acusados de haber torturado a algunos de los detenidos en relación con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre del 2014.

Uno de los detenidos es Isidro Junco Barajas, quien actualmente se desempeñaba como Subdirector de Control Operativo de Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados, y fue aprehendido este mediodía a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro.

El otro detenido es Ezequiel Peña Cerda, ahora director de área en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien fue aprehendido a las afueras de esta corporación, dependiente de la FGR.

Según la carpeta de investigación respectiva, los detenidos habrían sometido a tortura a varios detenidos en octubre de 2014, para obligarlos a que se declararan culpables por la desaparición de los 43 normalistas.

La Jornada