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El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, afirmó que el apoyo del Ejército en las tareas del combate al crimen siempre estará subordinado al mando de la Guardia Nacional.

Mediante redes sociales, el funcionario federal se pronunció por el acuerdo emitido por el Ejecutivo federal que faculta a las Fuerzas Armadas a realizar funciones de seguridad pública por cinco años más, casi al final del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El objetivo del acuerdo es darle operatividad al mando legislativo (tras las reformas aprobadas en ese Poder) facultando a las Fuerzas Armadas como primer respondiente; así de importante, pero también así de simple. Tal apoyo estará siempre subordinado a la Guardia Nacional”, indicó.

Durazo enfatizó que el acuerdo se ajusta a las condiciones establecidas en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional para la Guardia Nacional.

“Forma parte de ese andamiaje legal aprobado, reitero, por los partidos políticos, prácticamente por unanimidad”, mencionó.

Después del pronunciamiento de Durazo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una tarjeta informativa en la que aseguró que el decreto no fue una decisión personal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El acuerdo no es un acto nuevo ni exclusivo del Ejecutivo federal, sino el seguimiento a una disposición constitucional, aprobada por consenso por todos los partidos políticos desde 2019”, reiteró la dependencia.

Ante las críticas por la decisión de mantener al Ejército en las calles, la SSPC reprochó esas posturas y argumentó que el acuerdo “es necesario en la medida en que el Ejército operaba sin un marco jurídico que le diera certeza a sus acciones”, y negó que implique otorgarle más atribuciones en seguridad pública ya que “limita las facultades”.

Rechazan decreto

Ante la publicación del acuerdo presidencial, la oposición expresó su rechazo a esta decisión y arguyó violaciones a la Carta Magna y lo calificó como un acto autoritario.

La Comisión Política Nacional del PAN concluyó que el acuerdo expedido es violatorio tanto de la Constitución, así como de los tratados internacionales y de las resoluciones de instancias jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales.

El PAN adelantó que buscará por todos los medios de carácter constitucional invalidar el acuerdo y recurrirá a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) para que también emitan sus observaciones.

La Dirección Nacional Extraordinaria del PRD señaló que se trata de una medida unilateral y autoritaria que atentará contra los derechos humanos y agudizará los actos de tortura y desapariciones.

El PRD reconoció la labor de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, externó su preocupación por la posible extralimitación de sus funciones “ya que su actuar se supeditará a los caprichos presidenciales sin importar que se vulneren las garantías individuales”, al tiempo que acusó que ahora el Ejecutivo dará seguimiento a la militarización del país.

Por su parte, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que esta decisión pone en entredicho el éxito de la estrategia de seguridad.

“Las cifras indican que la estrategia de seguridad no está dando resultados positivos. Con la publicación de este decreto estamos ante un reconocimiento tácito de su fracaso hasta el momento”, concluyó.

El Economista