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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) urgió a las autoridades justificar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en la capital.

Para el organismo, la medida no tiene justificación de aplicación local y en cambio podría tener un impacto negativo en el sistema de justicia penal, además de los antecedentes sobre violación a las garantías individuales por parte del mando militar.

Por ello, la Comisión que encabeza la ombudsperson, Nashieli Ramírez, considera preocupante el Acuerdo Presidencial publicado el 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, donde se dispone la participación del Ejército en tareas locales.

“Este Organismo hace un llamado a justificar rigurosamente su motivación; de lo contrario, se corre el riesgo de cancelar en los hechos los esfuerzos por garantizar el mando civil en las funciones de seguridad pública y de regresar a escenarios de graves violaciones a los derechos humanos”, dice la misiva a las autoridades publicada este domingo.

Se recuerda que, durante los últimos 25 años, México ha sido testigo de las exigencias de no subordinar el mando militar al civil.

Tal demanda no es fortuita, sino fruto de la evidencia que dejó a su paso la intervención de las Fuerzas Armadas sin contrapeso político o fáctico.

“Casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército han sido documentados y llevados a juicio en instancias internacionales. Las sentencias han sancionado al Estado mexicano y les han otorgado la razón a las víctimas, lo que constata la importancia de que las actuaciones militares se sujeten a la observancia pública y, sobre todo, al mando civil”, se detalla.

Actuación se limite a situaciones concretos

La CDHCM pide que la actuación del mando militar se limite a situaciones concretas y proporcionales al fin constitucional que se busca alcanzar con la intervención.

También se considera que existe escasa información respecto del desempeño de la Guardia Nacional, así como la nula justificación que permita conocer la motivación constitucional del Acuerdo publicado.

Con lo anterior, se agrega, se corre el riesgo de comprometer gravemente los principios de un Estado constitucional y democrático de derecho, y se alerta sobre los obstáculos que esto puede representar para el ejercicio de derechos de las personas.

“Asimismo, es de resaltar que el Acuerdo representa una medida generalizada nacional que no se ajusta a la realidad local diferenciada en materia de seguridad pública. En particular, para el caso de la Ciudad de México, la medida anunciada no tiene justificación.

“Lo anterior se concluye a partir de los datos que arroja el Resumen de Tendencia de la Denuncia Delictiva, pues éstos dan cuenta que del total de 16 delitos de alto impacto analizados, se registra una reducción de carpetas de investigación en 15 de ellos, mientras que tan sólo en uno se indica el mismo número de carpetas de investigación, si se comparan los datos de marzo de 2019 a marzo de 2020”, se precisa.

El Heraldo