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El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, rechazó tajantemente que la Ley de Educación estatal permita al gobierno apropiarse de los bienes muebles o inmuebles propiedad de las instituciones educativas privadas.

A través de las redes sociales, el mandatario estatal respondió a las acusaciones del autodenominado Consorcio Universitario que acusó que algunos planteamientos de la reforma resultan “excesivos”.

Barbosa explicó que las reformas aprobadas a la Ley de Educación Estatal se ajustan a la Ley General de Educación.

Con las reformas, las escuelas públicas y privadas estarán sujetas a procesos de fiscalización y vigilancia para evitar el cobro de cuotas ilegales, además de que prohíbe la retención de documentos por falta de pago de uniformes u otros servicios adicionales.

“Vulnera también el derecho a la obtención y gestión lícita de recursos y de elección de proveedores al señalar como infracción ‘la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo’, y que sin embargo pueden resultar en beneficios para los padres de familia y/o estudiantes”, recalcaron los integrantes del Consorcio Universitario, a través de un comunicado.

El artículo 121 de la reforma plantea que, si las instituciones de educación superior usan sus recursos para fines distintos, se les aplicarán las responsabilidades civiles o penales a las que haya lugar.

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