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El Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, negó amparar a dos ex colaboradores de Rosario Robles, así como a un ex funcionario universitario, contra la vinculación a proceso que les dictó un juez de control. Están acusados de estar involucrados en el presunto daño al erario por 5 mil 73 millones de peso, conocido como La Estafa Maestra, que estaban destinados a programas sociales entre 2013 y 2018.

Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la Secretaría de Desarrollo Social, Israel Torres Gutiérrez, ex director general de Desarrollo Comunitario de esa dependencia, y al abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), José Roberto Aguilar Fuentes, impugnaron la resolución de la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal.

En la causa penal 391/2019, la impartidora de justicia confirmó el 19 de diciembre de 2019 el auto de vinculación a proceso dictado un mes antes (noviembre) por la juez de control Beatriz Moguel Ancheyta, quien consideró que existen datos de prueba suficientes para procesar a los inculpados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Montoya Santos y Torres Gutiérrez autorizaron de manera ilegal un pago de 400 millones de pesos para la supervisión y mejora de comedores comunitarios en el Estado de México.

Para llevarse a cabo contrataron a la UPCH, sin embargo existió una pérdida de entregables que acreditaran la ejecución de las obras. Según la FGR, los pagos fueron adjudicados entre el 14 de abril y 6 de mayo de 2015, durante la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Para la FGR, la Sedesol no verificó si la UPCH tenía la capacidad técnica, material y humana para realizar la mejora de los comedores comunitarios.

La Jornada