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La fiscalización que se realizó a las campañas presidenciales del 2012 fue “profesional, cuidadosa, con compromiso democrático y apegada a derecho”, asegura el expresidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, en respuesta a las acusaciones de Emilio Lozoya sobre una supuesta inyección de más de 100 millones de pesos por parte de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto.

“No solo tranquilo. Estoy satisfecho. La institución hizo lo que la ley le ordenaba hacer hasta los límites en que la ley le permitía hacer su trabajo, nos tocó aplicar una ley muy compleja”, dijo.

En entrevista con MILENIO puso en duda las acusaciones del exdirector de Pemex, sobre las supuestas aportaciones irregulares de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto y replicó que de haber existido una denuncia en ese momento, el IFE no habría siquiera tenido facultad para investigarlo.

“¿Por qué ahora se dice que el señor Emilio Lozoya recibió instrucciones para dinero que obtuvo de una empresa constructora brasileña para que lo pagara a asesores electorales extranjeros? Yo le diría que primero hay que ver qué documentos tiene el señor Lozoya para probar eso”, cuestionó.

“Y en segundo lugar, hay que recordar que el testigo protegido de Odebrecht en Brasil, cuando declaró que le había dado dinero al señor Lozoya, dijo que se lo había depositado en cuentas de países extranjeros no en cuentas de bancos mexicanos, y supongo que esos asesores extranjeros a los que les pagaron tenían sus cuentas en bancos extranjeros; de tal suerte que si eso que dice el señor Lozoya sucedió, que insisto, lo tiene que probar, pues la autoridad electoral ni ahora ni en aquel entonces lo pude detectar porque no tiene facultades”, aclaró.

En ese sentido, destacó que la Constitución le da la facultad a la autoridad electoral de salvar el secreto bancario pero en bancos que operan en México, no en aquellos en el extranjero.

Valdés Zurita insistió en que nunca se presentó alguna denuncia ante el IFE sobre la presencia de recursos provenientes de la constructora brasileña pues “el caso se conoció muchos años después de que ya estaba cerrada la fiscalización de la elección electoral del 2012”.

Más allá, recalcó que “no hay una construcción lógica que pueda sostener los dichos del señor Lozoya”, pues Peña Nieto no necesitaba asesores extranjeros porque iba ganando las elecciones.

“Ya pensando no como exautoridad electoral o expresidente del IFE sino como politólogo, ¿qué sentido tendría para una campaña que va ganando en las encuestas pagar asesores extranjeros? ¿De qué le pueden servir esos asesores extranjeros si está ganando en las encuestas? Es como si en seis años alguien sacara una denuncia diciendo que Andrés Manuel López Obrador en su campaña de 2018 en la cual iba adelante en las encuestas, utilizó dinero para pagar asesores en el extranjero cuando”, dijo.

Sobre las críticas respecto a los criterios de prorrateo aplicados, con lo que el PRI pudo maniobrar sus gastos para no rebasar los topes, reconoció que si “los partidos hacían esa trampa contable” es porque esa facultad les otorgaba el reglamento vigente y ante las constantes denuncias se lograron los cambios constitucionales en la reforma del 2014.

Explicó que en ese momento, como sucedía desde 1996, los partidos entregaban sus reportes de gastos con la fórmula con la que querían que se dividieran entre los candidatos a la presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados conforme aparecieron en el mitin o en los espectaculares.

El exconsejero presidente del IFE también consideró que las acusaciones del supuesto rebase de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto fueron una “estrategia que comenzaron a diseñar” los partidos de oposición desde el comienzo de la campaña electoral como una práctica común con la que incluso “acusan a los candidatos que tienen negocios turbios o están relacionados con la delincuencia organizada y al final resulta que había un error, que no era exactamente así”.

Y puso como ejemplo las denuncias por las tarjetas Soriana y Monex que, indicó, “aún cuando algunas conductas podrían comprobarse, se comprobaban por montos muy inferiores a los que los partidos originalmente habían denunciado”.

Además de que replicó que en el caso Monex se trató de tarjetas para pagar a los representantes de casilla y que si no se reportó como gastos de campaña es porque la ley clasifica estos gastos hasta 48 antes de la jornada electoral “y los representantes de casilla actúan el día de la jornada electoral, por lo que los partidos reportaban esos gastos como gastos ordinarios”.

Valdés Zurita también recordó que los partidos “presionaron” al Consejo General para adelantar la fiscalización de las campañas presidenciales y se encontró que solo Andrés Manuel López Obrador había rebasado los topes de campaña, por lo que se retractaron de su solicitud y los consejeros “de buena fe” accedieron a profundizar en la revisión que trajo los mismos resultados.

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