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Especialistas en procuración de justicia alertaron que las pruebas de presuntos hechos de corrupción que son divulgadas en medios de comunicación pueden no ser tomadas en cuenta en un eventual juicio debido a que su filtración puede afectar el debido proceso y la presunción de inocencia, un derecho fundamental de los implicados.

De acuerdo con una tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en mayo del 2013, el vulnerar los derechos fundamentales de un acusado, como la presunción de inocencia, puede provocar la invalidez de todo el proceso.

“Esta Primera Sala considera que el efecto corruptor del proceso penal se actualiza cuando, en un caso concreto, concurran las siguientes circunstancias: a) que la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal; b) que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven la falta de fiabilidad de todo el material probatorio; y c) que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión”, precisó.

En este sentido, el extitular de la Procuraduría General de la República, Ignacio Morales Lechuga, consideró que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, debe cuidar más el proceso y recabar más pruebas, ya que los videos de presuntos sobornos no serán admitidos por los jueces.

Aunado a que las declaraciones de Emilio Lozoya de que todo el tiempo recibía órdenes de Luis Videgaray, suenan “inverosímiles”.

“Esto (las filtraciones) mancha al procedimiento oral si el día de mañana se llega a averiguar y saber que es la autoridad la que está filtrando estos documentos, videos. Las fotos y los videos no creo que las admita un juez de Control como prueba porque no fueron hechas con la autorización del juez. Tampoco son hechos públicos y notorios que sean verdades, sino son documentos subrepticios obtenidos clandestinamente con un propósito equis que no se aceptaría como prueba dentro del proceso penal”, advirtió el abogado constitucionalista.

Es oportuno recordar que tras la filtración de la denuncia de hechos presentada por Emilio “L”, la Fiscalía General anunció que abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de la filtración del documento.

Morales Lechuga añadió, entrevistado por El Economista, que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal Gertz “deben ser muy cuidadosos en los pasos que van a dar, porque se han abierto muchísimas expectativas y la gente quiere no un linchamiento mediático, sino una condena muy severa”.

Apuntó que el juez deberá valorar las circunstancias de modo, lugar y tiempo de las acusaciones que hace Emilio “L” en su denuncia.

“Él habla de que siendo gobierno Videgaray le daba órdenes y el director de Pemex no tiene que obedecer al secretario de Hacienda. El director de Pemex tiene autonomía (…) Suenan inverosímiles y hasta risibles (las declaraciones)”.

A su vez, consideró que el video filtrado donde se observa un supuesto soborno en el Senado tuvo “un impacto como el que tuvo en su momento los del señor del PRD (René Bejarano), pero la corrupción no se va a resolver a base de estos impactos y de estas filtraciones”, dijo.

Los riesgos de la divulgación

El exprocurador general de la República alertó que tras las filtraciones el proceso en contra de Emilio “L” se ha visto afectado.

“No se está respetando plenamente ni la secrecía ni la discreción que se debe tener de una carpeta de investigación, así que yo creo que apenas estamos en los arranques de la investigación de la Fiscalía General de la República”, y  añadió que si la Fiscalía no logra probar, más allá de videos y una declaración de Emilio “L”, la corrupción y desfalco en Pemex, la sanción contra el exdirectivo puede quedar en una condena corta al haber colaborado con las instituciones. “Así que puede salir bien librado, tal vez hasta con libertad condicional”, refirió.

Por su parte, el investigador especializado en corrupción del Instituto Nacional de Ciencias Penales, José Fernández de Cevallos indicó que de acuerdo con el artículo 259 y, subsecuentes, del Código Nacional de Procedimientos Penales toda prueba en un caso debe ser “obtenida, producida y reproducida de manera lícita.

“También nos dice que la prueba es ilícita cuando no se violentan derechos fundamentales”, comentó.

Fernández de Cevallos sostuvo que en el caso de los videos de presuntos sobornos en el Senado ha trascendido que dicho material no es el que está integrado en la carpeta de investigación por lo que al mostrase en medios ediciones o cortes del mismo se afecta a la prueba como tal debido a que es alterada.

Por su parte, el abogado en Derecho de la Universidad Panamericana (UP), Daniel Torres Checa, estimó que legalmente quienes podrían beneficiarse de la filtración del video y la declaración de Emilio “L” serían los exdiputados y exsenadores del PAN que fueron señalados, porque podrían —en caso de ser requeridos por la FGR— alegar la violación a la presunción de inocencia.

A su vez, Fabiola Navarro, directora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM, quien escribió un ensayo jurídico sobre el caso de Emilio “L”, consideró que la reciente resolución de un juez federal que prescribió los delitos al empresario Alonso Ancira, podría ser aprovechado por la defensa de Emilio “L”, ya que se trata del mismo tema por el que ambos están implicados por la FGR en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Economista