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Un juez de control del Centro de Justicia Penal ubicado en el complejo del Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, dictó la prisión preventiva oficiosa en contra de Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y tres de sus coacusados en la causa penal 263/2020, en la que se les imputa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada, considerado grave en el Código Penal federal.

Por esta razón, tanto Sosa Castelán como Juan Manuel Hernández Gayoso, María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos permanecerán en el penal de máxima seguridad del Altiplano, al menos hasta que se les resuelva su situación jurídica.

En petición de la defensa de Sosa Castelán, el juez concedió la duplicidad del término constitucional para determinar si los vincula a proceso o no por los delitos que les imputan, por lo cual fijó la continuación de la diligencia para el sábado a las 16:00 horas.

Este martes, durante la audiencia inicial de esta causa penal, el ministerio público federal les hizo saber a Sosa Castelán, Hernández Gayoso, Montalvo Sierra y Cruz Campos que están acusados por lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada.

La imputación se centra en la desviación de más de 58 millones de pesos de la UAEH y otras instancias públicas y privadas, que fueron a parar a la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C., una de las empresas fantasma con las que el también ex rector de la universidad triangulaba recursos públicos.

También el dinero se triangulaba a través de la compañía fachada Eficiencia en Negocios y Asociados, de la cual era presidente Juan Manuel Hernández Gayoso.

Se pudo conocer que en el expediente también están señalados como presuntos responsables de estos delitos Francisco Natalio Zamudio Isbaile y Anastasia Elizabeth Baños Baños, además de Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, ambas hijas de Gerardo Sosa Castelán, todos ellos con órdenes de aprehensión en su contra.

La Jornada