En 1823 se constituye el Archivo General de la Nación

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La fundación del Archivo General de la Nación (AGN) se debió al segundo conde de Revillagigedo, Juan Vicente de Güesmes-Pacheco y Padilla, quien fue el primero en expresar su preocupación al Rey de España sobre la precariedad y desorden con que se guardaban los documentos en la Nueva España. El 27 de marzo de 1790 envió al Ministerio de Gracia y Justicia de España un proyecto para crear el Archivo General de la Nueva España en “aras de un ‘plan necesario y urgente’ para reorganizar la Secretaría de Cámara del Virreinato como ‘el tallo de la dirección de todo lo que conduce el gobierno’”. Dicho proyecto se aprobó por las autoridades correspondientes y reunió, además de los papeles de la antigua Secretaría de la Cámara, los de otras dependencias, con lo que se dio comienzo a la organización sistemática de los documentos.

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Con la aprobación del proyecto del segundo conde de Revillagigedo, se pensó también en un lugar apropiado y dedicado al resguardo del delicado acervo documental que ya desde entonces era más que voluminoso. Se consideró entonces que el Castillo de Chapultepec sería idóneo para tal propósito. Por ello, el ingeniero Miguel Constanzó calculó los presupuestos para las reformas dirigidas a habilitar el espacio, mismas que estaban basadas en Las Ordenanzas para el Archivo General, derivadas de la Real Orden del 28 de abril de 1792, redactadas por el propio Revillagigedo. Sin embargo, tales disposiciones no pudieron efectuarse, por lo que la documentación permaneció resguardada en la planta baja del ala sur del Real Palacio Virreinal (hoy Palacio Nacional).

En 1821, Ignacio María de Aguirre, quien había sido oficial de la Secretaría de Virreinato y Juan de Dios Uribe, archivista de la propia secretaría, fueron comisionados para repartir la documentación, alguna de la cual, rescatada de su uso como mortero para cañones en la guerra, se encontraba en el edificio de la Contaduría de Azogues. La repartición de los archivos se hizo tomando en cuenta los diferentes ramos que abarcaban y se mandó a los recién creados ministerios.

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Posteriormente a la consumación de la lucha independentista, el intelectual y político Lucas Alamá impulsó la creación del Archivo General y Público de la Nación, que también se albergó en Palacio Nacional. Durante estos primeros años de vida independiente, se estableció que los servicios de la institución no estaban destinados exclusivamente al uso del gobierno, sino para todos quienes estuvieran interesados en consultar su acervo”. “Quienes trabajaron entonces para el Archivo, arreglaban simultáneamente los reducidos locales de que disponía, construían los muebles para guardar los papeles, asistían a los ministerios, recogían los documentos de las oficinas extinguidas y daban servicio a las oficinas y al público particular.

En la guerra contra Estados Unidos y durante la invasión francesa de la década de 1860, las porciones más importantes del archivo tuvieron que ser transportadas fuera de la Ciudad de México, ante el peligro de que el enemigo pudiera causarles algún daño, regresando a sus lugares de origen una vez que el peligro hubo pasado.

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Ya durante el Porfiriato la acumulación excesiva de documentos obligó a las autoridades a trasladar parte del acervo al Convento de Santo Domingo y después al Templo de Guadalupe, hoy Casa Amarilla.

Durante mediados del siglo XX se hicieron diversas propuestas para dotar al AGN de un espacio propio y adecuado para su correcto funcionamiento, pero uno tras otro los intentos terminaron sin resultados favorables: Por ejemplo, en 1944 el presidente Ávila Camacho expidió un decreto con el que se cedía al AGN parte de las construcciones conocidas como La Ciudadela, pero nunca se llevó a efecto. En 1950 se propuso que el acervo se trasladara a Ciudad Universitaria, pero este intento igualmente terminó frustrado, ya que por ley el Archivo debía mantenerse bajo jurisdicción del gobierno federal. En 1964 se proyectó la construcción de edificios en el Parque Lira para la Secretaría nde Gobernación, entre lo cuales habría uno para el AGN, pero la historia se repitió. Ante la voluminosidad del acervo, se le trasladó al segundo piso del Palacio de Comunicaciones (hoy Museo Nacional de Arte), pero terminó saturado, sin mencionar que no era un edificio adecuado para el resguardo documental.

Finalmente, en 1976 se cerro la penitenciaría de Lecumberri. Su tamaño y diversas características lo hacían un lugar bastante razonable para albergar al AGN. Después de diversas discusiones (se planteó incluso la demolición del edificio), el presidente José López Portillo, por decreto presidencial, designó la ex penitenciaría de Lecumberri como sede del Archivo General de la Nación, el cual se inauguró en su nuevo espacio (después de las necesarias reformas a la estructura) el 27 de agosto de 1982.

Facetas Históricas

 

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