Imputan a aspirantes del PAN en Yucatán desvíos con empresas fantasmas

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El candidato del partido Morena al Senado, Rogerio Castro Vázquez, pidió a la Auditoria Superior de Yucatán (Asey) investigar tres casos de candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) que presuntamente poseen empresas fantasmas y habrían recibido en conjunto más de 10 millones de pesos del ayuntamiento de Mérida mediante contratos autorizados durante la administración de Mauricio Vila Dosal.

El edil municipal con licencia busca la gubernatura postulado por la coalición Por Yucatán al Frente, formada por el PAN y por los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

Los casos denunciados ayer por Castro Vázquez involucran a militantes panistas y a los aspirantes a ediles en Dzilam González, Temax y Mama. Según el denunciante, crearon empresas que no tienen empleados dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ni infraestructura para prestar los servicios por los que fueron contratados.

En conferencia de prensa, Rogerio Castro Vázquez, ex presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso de la Unión, señaló que Édgar Lizama Camacho, candidato a la presidencia municipal de Dzilam González, tiene un contrato con el ayuntamiento de Mérida vigente hasta 2018, y recibió 3 millones 333 mil pesos entre 2016 y 2017.
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Aseveró que la presunta empresa fantasma Procima y Construcciones SA de CV, de José Wilberth González Escalante, candidato a la alcaldía de Temax, ha recibido 6 millones 645 mil pesos por medio de sus hijos, Cindy y Jorge González Cruz, quienes aparecen como propietarios del negocio, que supuestamente presta servicios al municipio capitalino.

Acompañado por Mario Mex Albornoz, diputado federal de Morena, el candidato al Senado mencionó que Mauricio Vila Dosal también benefició al panista Luis Manuel Hernández Manzanilla, ex empleado del ayuntamiento capitalino y abanderado a presidente municipal de Mama, quien obtuvo más de un millón 435 mil pesos.

“Pedimos a la auditoría que investigue si las empresas cumplieron con sus obligaciones para dar servicios al ayuntamiento de Mérida, y turnar el caso a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que investigue de oficio, pues podrían estarse utilizando recursos públicos para financiar sus campañas”, concluyó Castro Vázquez.

La Jornada

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