La controversia de captación de plusvalía de bienes inmuebles por el gobierno

Un nueva ley hará que la plusvalía de bienes inmuebles derivada de ciertos aspectos pasará a ser parte del gobierno de la ciudad.

La Asamblea Constituyente aprobó una ley enviada por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que afecta la plusvalía de bienes inmuebles y está generando polémica. El Artículo 21 de lo que será la Carta Magna de la capital señala que “los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad”, esto se encuentra en la fracción 7 del inciso C de dicho artículo.

La plusvalía captada por el gobierno será utilizada para la restauración de ecosistemas y zonas en mal estado de la capital, según explica el documento. El proyecto de Constitución ya tiene descontentos a ciudadanos, políticos y especialistas, quienes han creado una petición en Change.org para eliminar el artículo de la futura Constitución de la ciudad, en la petición se alega lo siguiente:

“(El artículo) se traduce que no importa cuánto nos esforcemos por comprar un bien inmueble, todo el margen de valor que aumente con los años, comúnmente conocido como plusvalía, será propiedad y parte de la riqueza del Gobierno de la Ciudad de México, y según esto, serán usados para restaurar los ecosistemas de la Ciudad, es decir, ¡ADIÓS A LA PROPIEDAD PRIVADA“.

Pilar Hernández, doctora e investigadora en derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que la redacción del artículo 21 puede ser interpretado de diferentes maneras debido a su redacción:

“Cuando la ley no es clara se da espacio para cualquier interpretación y al final, como sucede en este gobierno, siempre hacen lo que quieren, lo que sin duda pondría en riesgo la propiedad privada”.

Legisladores constituyentes priistas y panistas aseguran que la propuesta es “regresiva, peligrosa y atentativa contra la propiedad privada”. El aumento de valor de los bienes inmuebles (plusvalía) debería tener como principal beneficiario al dueño, dijo el priista César Camacho Quiroz, quien además recordó que la confiscación de bienes particulares está prohibida por la Constitución Federal.

Dolores Padierna, asambleísta por el PRD, dijo que hay una confusión en el tema:

“Los inmuebles que pagarían este ‘plus valor’ son los directamente beneficiados por obras de infraestructura, electrificación, mobiliario urbano, reforestación, embellecimiento ostensiblemente caro y que se paga con recursos públicos”.

Mientras tanto se ha rechazado que la propuesta busque convertirse en un nuevo impuesto.

nacion321.com

 

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