Operadora política de Víctor Caballero se adjudicó finiquito ilegal

operadora

Al menos seis colaboradores cercanos a Víctor Caballero Solano, cuando fue secretario de Salud en Morelos, tienen abiertos procesos para que reintegren al erario estatal casi tres millones de pesos, que se auto asignaron de forma ilegal cuando concluyó la administración de Marco Antonio Adame Castillo.

Los trabajadores recibieron pagos millonarios por concepto de finiquitos laborales, pero se adjudicaron pagos que sólo pueden recibir los empleados que han entregado su servicio al Estado por más de 15 años, ninguno de los colaboradores de Caballero Solano cubría dicho requisito.

Una denuncia administrativa cuya carpeta está disponible en la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, confirma que la Comisaría Pública en Servicios de Salud presentó las pruebas de los pagos que contra la ley se hicieron a los seis trabajadores de la dependencia estatal que Víctor Manuel Caballero Solano dirigía en el sexenio pasado.

Víctor Caballero saltó a la escena pública en el 2006 cuando el Gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo lo invitó a colaborar en su gobierno, y lo nombró Secretario de Salud, en su administración se detectaron desvíos por más de 150 millones de pesos y dos de sus colaboradores más cercanos están presos.

El ahora candidato panista ha dicho en múltiples ocasiones que no ha cometido acto de corrupción alguno, sin embargo, las evidencias demuestran lo contrario, por que el 25 de septiembre del 2012, personal a su cargo autorizó estos pagos indebidos a estos seis altos funcionarios como “pago de marcha”, es decir, por ser los últimos días que laboraban en el gobierno.

Los tres funcionarios acusados de haber realizado dichas operaciones son José Antonio Rodríguez Vargas, ex director general de Servicios de Salud; Mario Alberto Oliva Ruiz, ex director de Administración de los Servicios de Salud; y Héctor Roberto Vargas Gómez, ex subsecretario de Recursos Humanos de la misma dependencia.

1933462

Un mes antes de que dejaran el Gobierno Estatal, que entonces encabezaba el panista Marco Antonio Adame Castillo, los altos funcionarios de los Servicios de Salud se adjudicaron bonos, en el caso de José Antonio Rodríguez Vargas por 326 mil 643 pesos, Mario Alberto Oliva Ruiz por 274 mil 293 pesos y Álvaro Pineda Mérida por 205 mil 594 pesos.

Además de Luis Carlos Fragoso Velázquez, director de Planeación con 364 mil 661 pesos, y de nuevo figura el nombre de Norma Alicia Popoca Sotelo, directora de la Beneficiencia Pública Estatal con 276 mil 881 pesos y Hugo Humberto González Bejarano con un millón 196 mil pesos.

A todos estos ex funcionarios les fueron proporcionadas prestaciones que sólo pueden recibir aquellos trabajadores con 15 años de antigüedad, como una indemnización de 3 meses, 20 días de aguinaldo por año, aguinaldo, prima vacacional y vacaciones no disfrutadas.

Derivado de esta ilegalidad en la administración de las finanzas de la Secretaría de Salud dos funcionarios están detenidos y uno más prófugo, pero Víctor Caballero no fue sometido a investigación alguna por el fuero que ostenta como diputado local.

Entre los beneficios económicos que superan los 200 mil pesos para cada ex funcionario, destaca el de Norma Alicia Popoca Sotelo, diputada y operadora política de la campaña de Caballero Solano al jefe del Ejecutivo estatal.

Excélsior

Comentarios

comments